Proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.

El pasado 24 de abril, nuestro director Javier Pedro Martínez Morilla, como Vicepresidente 2º de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES) tuvo la oportunidad de defender la Formación Profesional en el Parlamento Andaluz. Dicha intervención fue retransmitida en directo por internet a través del canal del Parlamento.

Aquí el vídeo y texto íntegro de dicha intervención:

Comparece D. Javier Pedro Martínez Morilla Vicepresidente 2º de ACES. 24 de abril de 2018.

Sr. Presidente, Señorías miembros de la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía:

En nombre de los centros de enseñanza de Economía Social queremos agradecerles la invitación para poder aportar nuestra visión en cuanto a este Proyecto de Ley. Esperamos que nuestra participación pueda ser de utilidad y enriquezca el resultado final de la futura Ley de Formación Profesional de Andalucía.

La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES) es la organización andaluza representativa de los centros cuya titularidad recae en una fórmula jurídica de Economía Social que cuenta en la actualidad con 130 centros asociados y representa a más del 11% de los centros de enseñanza concertada en Andalucía, al igual que en el ámbito estatal.

Desde los centros de Economía Social y como parte del Sistema Público de Educación ya reconocido en el artículo tercero de la LEA, aportamos una forma específica de llevar la educación a buena parte de nuestra sociedad.

Pensamos que los avances conseguidos en nuestra comunidad en el ámbito de la Formación Profesional en los últimos años han sido muy importantes, sin embargo, tenemos aún por delante grandes retos que afrontar como son y que se recogen en el Proyecto de Ley que aquí se nos presenta, expresados como objetivos en el artículo 5. De ellos consideramos especialmente sensibles para nuestros centros dos:

j) Optimizar los recursos dedicados a la formación profesional en Andalucía, favoreciendo la inversión pública y privada en la cualificación de las personas, de forma que se garantice una financiación suficiente, estable y equitativa de la formación profesional en Andalucía.

k) Implicar a las empresas en la formación, con especial atención a las pequeñas y medianas.

Tomando como base estos dos objetivos que establecerá la futura norma, esperamos y deseamos que:

1. Se favorezca y se potencie la connivencia entre lo público y lo privado, entendiéndose ésta para nosotros en términos colaborativos y no separatistas. De tal forma que centros concertados de Economía Social y centros públicos tengan las mismas oportunidades para que su alumnado sea a todos los efectos considerado como “un alumno universal” de la Formación Profesional de Andalucía.

2. La financiación debe ser suficiente, debe ser estable y equitativa en todos aquellos centros donde el servicio que se imparte es el mismo, es decir, un servicio público de formación profesional. En nuestro caso no cabe duda que prestamos un servicio público y esto hace que la financiación debiera ser equitativa.

3. Establecer una red de empresas colaboradoras implicadas en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de realizaciones profesionales y que dicha red sea de acceso para todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin que se realicen convenios excluyentes sólo con los centros de titularidad pública, aunque sea esta sólo por omisión de los restantes, es decir, no dejemos fuera a los concertados que hacen y prestan el mismo servicio, un servicio público.

Dejando a un lado los objetivos generales del Proyecto de Ley que aquí se presenta, pasamos a comentar algunos aspectos más concretos y en los que consideramos debemos poner una especial atención:

• Nos parece fundamental el hecho de fomentar la adquisición de competencias lingüísticas, en al menos una lengua extranjera, para poder seguir reduciendo las limitaciones de la sociedad andaluza con respecto a los países del entorno, mucho más avanzados en el conocimiento de al menos una lengua extrajera. Es decir, no estamos ante un valor añadido para el alumnado sino ante una necesidad básica para mantener la igualdad de oportunidades de nuestros futuros profesionales en el mundo global en el que se desarrollan las sociedades hoy día.

• Por otro lado, es sumamente necesario desarrollar y profundizar en el hecho que se establece en el Proyecto de Ley y cito literal: complementar las competencias de quienes ya dispongan de un título de formación profesional, y sí me lo permiten ustedes añadiría, universitario. Y es que con el nuevo sistema de cupos para el proceso de admisión, tenemos un colectivo que la norma lo deja totalmente excluido para poder acceder a la posibilidades de reciclaje y adecuación de las exigencias de puestos de trabajo actuales. En este sentido los cursos de especialización son capitales.

• En cuanto al artículo 12, y más concretamente al objeto de establecer planes individualizados de aprendizajes adaptados a la situación de partida del alumnado para poder evaluar los progresos del aprendizaje… Para nosotros esto sólo tiene sentido, sí lo introducimos con todas las consecuencias y los recursos suficientes y necesarios para que las empresas participen en el proceso de aprendizaje y se puedan alcanzar las realizaciones profesionales que realmente el mercado laboral necesite en cada momento. Es decir, debemos adaptar el sistema a las necesidades reales de las empresas y no al revés.

• El Proyecto establece que la Orientación y Acreditación Profesional es un eje fundamental de la futura norma. Más concretamente deja entrever que el profesorado de la especialidad de Formación y Orientación Laboral y los equipos de orientación educativa de los centros tendrán un papel más que resaltable en dicha labor. Y que para esto contarán con los recursos humanos y materiales necesarios. Aquí debemos reivindicar que en los centros sostenidos con fondos públicos esto sea una realidad y que no se tome como ejemplo a seguir el hecho de que un Servicio de Orientación de un Centro pueda y tenga que funcionar con 4 horas semanales (concretamente hay ejemplos de esto entre nuestros asociados, un centro que alberga 1.200 alumnos cada año de diferentes etapas educativas, sólo tiene un concierto de 4 horas para la atención y la orientación de su alumnado y familias)

• Seguimos avanzando en el Proyecto de Ley y podemos comprobar que en el artículo 19, Oferta de formación profesional en el sistema educativo, recoge que se establecerá:

1. Una oferta de ciclos formativos de grado medio y superior adaptados a población adulta y que tengan en cuenta sus circunstancias. Creemos que este es un aspecto más que necesario y solicitamos que a los Centros Concertados de Economía Social se nos haga participes y no se obvie la capacidad que nos dan los años de experiencia en Formación Profesional que nuestros Centros atesoran. Hemos demostrado adaptarnos a la realidad empresarial y social. No obstante nuestros centros imparten junto con la Formación Profesional Inicial, Formación Profesional para la empleo desde hace más de 30 años y esto hace que sepamos de lo que estamos hablando.
2. A fin de posibilitar la formación profesional de la población andaluza, la Administración educativa incrementará de forma progresiva, hasta atender la demanda existente, la oferta de formación profesional en el sistema educativo andaluz. Aquí queremos demandar que se permita a los Centros de Economía Social nuevos conciertos o incrementar los ya concedidos para que formemos parte de esa realidad (falta de oferta para satisfacer la demanda) y podamos formar parte del cambio que se propone.

• Ya casi para terminar tenemos el asunto estrella, la Formación Profesional Dual. Sin duda, la clave del presente y futuro Sistema de Formación Profesional de Andalucía. Pero sí es clave que sea clave para todos los implicados: o Sí queremos que sea real y que el tejido empresarial se implique es necesario que se destinen recursos para los empresarios.
• o Sí queremos que no existan desigualdades en el sistema, el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos tienen que tener recursos económicos y horas de dedicación para poder llevar con garantías el proceso de aprendizaje del alumnado de Dual, sino todo está sostenido con el sobreesfuerzo del profesorado y de la institución, lo cual hace que no sea equitativo. Es decir, que por lo menos tengan los mismos recursos que los centros de titularidad pública.

• Para terminar queremos hacer mención a lo expresado en el artículo 38, apartado 2. Habla de poder incorporar a profesorado especialista, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente con titulación… Esto es fundamental para que la Formación Profesional en Andalucía avance y alcance los objetivos que se plantean. Ya que hay cosas que no se pueden contar, sino que hay que hacerlas y los profesionales saben hacer las cosas y cómo se hacen, y los docentes se las tienen que estudiar y no saben cómo se hacen porque nunca antes las han hecho.

• Y esto no se trata de escapar al conjunto de normas que establecen los requisitos para el acceso a la función docente, sino de adaptarnos a la realidad laboral lo mejor posible. Entonces lo mismo sería interesante “tener a un profesional por lo menos y como mínimo impartiendo en cada especialidad”

Para cerrar y con el deseo de concretar:

• Estamos a favor del Proyecto en líneas generales.
• Creemos que se debería avanzar en una mejor y mayor connivencia entre los centros de titularidad pública y los centros concertados de Economía Social. Traduciéndose esto en: o Una financiación más igualitaria ya que el servicio para el alumnado es el mismo. Un servicio público de formación profesional. El ejemplo más claro de que esto se produce se da en la FP Dual (los recursos no son los mismos, ni en tiempo, ni en dinero).
  • En FP Dual. Debe potenciarse una red de empresas colaboradoras implicadas en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de realizaciones profesionales y esa red debiera ser de acceso para todos los centros sostenidos con fondos públicos.
  • Y sí en el futuro, progresivamente se va a profundizar en adecuar la oferta de plazas a la demanda de alumnado que quiere acceder a la formación profesional se cuente con los centros de economía social que hoy y aquí represento.

Muchas gracias por su atención.

Javier Pedro Martínez Morilla
Vicepresidente de ACES

Documento Íntegro en PDF 2018-04-28 Comparecencia Parlamentaria Proyecto Ley FP